El ex-presidente Sánchez de Losada empezó su mandato utilizando su rodillo parlamentario para ejecutar vendettas personales. Nadie protestó, porque a nadie afectaba su abuso del poder. Luego, enfurecidos vecinos arrebataron las armas de soldados que circulaban en las afueras de Cota Cota, quemando su camión militar. Una vez más nadie protestó, porque todos estábamos aterrorizados. La arrogancia de Goni fue exacerbando al pueblo, un derrotero que fue alimentando la violencia. Como último recurso, el presidente constitucional utilizó las Fuerzas Armadas para detener un “golpe cívico- sindical”.
En lugar de un “monopolio” de la violencia, ahora tenemos varias sucursales, en un mercado libre de caos y terrorismo patrocinado por cívicos y Estado por igual. La sociedad civil – sin excepción - ha conferido legitimidad a la estrategia de enfrentamiento y violencia hacia el orden impuesto. Cuando el MAS era protagonista de dicha violencia, la estrategia era legítima. Ahora acusa a las masas de pretender asestar un golpe “cívico- prefectural”. La arrogancia del actual Gobierno es idéntica a la que ejerció Goni; la estrategia de los cívicos es idéntica a la que utilizó la que entonces era oposición. La diferencia es que las Fuerzas Armadas han sido acusadas de complicidad en un supuesto genocidio, reducida su misión a la ambigua orden de utilizar sus armas con templanza.
Después de octubre negro nadie se molestó en discutir las competencias de las FF.AA. El debate político se redujo a revanchismo político y demagogia, creando mayor ambigüedad en el deber de nuestro Ejército de proteger nuestro orden constitucional. Un vacío normativo es peligroso, porque ata las manos o permite cometer actos detestables. Tal fue el caso con la tortura durante el Gobierno de Bush. Irónicamente, su posible sucesor, John Mc Cain, fue torturado en Hanoi. El candidato a la presidencia norteamericana ahora reconoce que, al legitimar la tortura, su nación fue arrastrada a idéntica falta de decencia básica que su adversario.
La semana pasada el debate electoral en EE.UU. fue sobre lápiz labial en un cerdo. Una vez el polvo electoral se asiente, sus líderes definirán leyes y competencias que han de regir la conducta institucional, incluyendo la ilegalidad de la tortura. En contraste, aquí nadie se atreve siquiera opinar sobre las competencias de nuestra última línea de protección institucional: las FF.AA. En lugar de lineamientos que normen el ejercicio de su deber, la demagogia populista ha creado antecedentes que obligan a nuestros soldados observar una huelga de brazos caídos, sin entender exactamente cuál es su sagrada misión. La nueva orden de disparar a matar carece de un marco normativo que defina cómo o cuando utilizar fuerza mortal.
Bajo la carpa del permanente circo se pretende imponer “transformaciones profundas” en autocracia; a la vez de crear mercados expulsando; a la vez de dialogar provocando; a la vez de confundir el deber de los únicos capaces de protegernos del caos. La demagogia e infantil voluntarismo han alcanzado nuevos niveles de bufonería; los vacios políticos, constitucionales e institucionales han dejado al pueblo sin un orden legal. Utilizar el juguete del Estado para jugar a reivindicaciones por decreto despertó mucha esperanza y causó mucha gracia, especialmente en el extranjero. Pero el precio de seguir payaseando se ha vuelto demasiado alto; insistir en resolver la crisis pintándose la cara de rojo, amarillo y verde un patriotismo sin gracia y lleno de dolor.
Flavio Machicado Teran
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