Uno de los principales objetivos de la política macroeconómica es promover la competencia en los mercados, pues esta es la mejor forma de asignar los recursos de manera más eficiente. El famoso paradigma de la competencia perfecta, es lo que idealmente debería existir en un mercado a fin de que tanto consumidores, como productores estén maximizando su utilidad. Ciertamente, este paradigma generalmente no se cumple y lo normal es que prevalezcan estructuras de mercado de competencia imperfecta como el monopolio o los oligopolios.
Con las reformas económicas que se hicieron en la década de los 90, se esperaba que el paradigma de la competencia pueda afianzarse gracias a la apertura comercial externa y a la privatización de los servicios básicos. Se esperaba que ambas medidas actuaran como un mecanismo disciplinador de la competencia, impidiendo que los productores locales —públicos o privados— explotaran sus posiciones dominantes de mercado. En muchos ámbitos las reformas estructurales han funcionado como se esperaba; sin embargo, en algunas situaciones el resultado final fue que el poder de mercado de los grandes grupos corporativos nacionales y transnacionales se consolidó.
Este talvez sea el caso de la comercialización del aceite en el mercado interno. Que yo sepa no se trata de un problema de falta de aceite que hace que suba su precio, sino un problema de fijación de precios que aparentemente esta muy por encima de su precio de equilibrio que en un mercado de competencia debería ser aquel que refleje la el costo marginal de producirlo.
De cualquier forma, la solución basada en prohibir las exportaciones para que a los productores no les quede mas que vender su producto en el mercado interno y así al haber un exceso de oferta, hacer que baje el precio, es la peor medida que se podría haber tomado, sobretodo porque se atenta contra lo pocos artículos con valor agregado que exporta Bolivia. Peor aún, las señales que se mandan a nivel interno y externo, son pésimas, porque demuestran que Bolivia no es un país para nada serio y tiene un gobierno que ataca a la iniciativa privada.
¿Qué se debería haber hecho? Lo que se debería haber hecho, pero ya hace mucho tiempo, es crear una institución autónoma que se encargue de llevar adelante una política de competencia (antitrust) activa, orientada a maximizar el bienestar de los consumidores y promover la asignación eficiente de los recursos. Este debería ser un organismo de competencia proactiva que funcione en el marco de la regulación existente, pero con una gestión autónoma y un marco legal que le garantice estar lejos del accionar de los políticos. Ciertamente algo irrealizable en las actuales circunstancias. Sin embargo, no esta demás soñar y pensar que algún día se podrán hacer bien las cosas en Bolivia.
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