Regulación y Crisis Financieras

La razón principal para la actual crisis financiera norteamericana se debe a que las entidades financieras de este país han asumido riesgos excesivos al intentar aprovecharse de las grandes oportunidades de beneficios que ofrecía un contexto de alza excesiva de los precios inmobiliarios. A esto habrá que añadirle la complejidad de las operaciones financieras de los procesos de titularización de créditos hipotecarios, que la regulación financiera tal vez aún no está lo suficientemente desarrollada para normar (pese a los grandes esfuerzos desarrollados por el Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria en el documento conocido como Basilea II), evaluando el verdadero nivel de riesgo de crédito que asumen los compradores de este tipo de valores negociables.

Al desinflarse abruptamente la burbuja inmobiliaria, este desmesurado riesgo se ha materializado en cuantiosas pérdidas que algunos intermediarios financieros no han podido soportar. En un mundo financiero globalizado, el riesgo se ha trasladado a entidades financieras de otros países que recompraron parte de los activos de elevado riesgo. Por eso, la crisis financiera norteamericana está contagiando a otros mercados financieros de la Unión Europea, Asia y Latinoamérica.

La teoría nos dice que en una economía de mercado, agentes racionales en busca de su propio beneficio no deberían incurrir en riesgos excesivos. Muy al contrario, deberían calcular óptimamente el riesgo tolerable en función de la rentabilidad esperada de sus inversiones. Sin embargo, este principio general no aplica a los intermediarios financieros, predispuestos a incurrir en riesgos inconvenientes lo que se conoce como riesgo moral.

Por su naturaleza, la mayor parte de los recursos financieros que administran para sus inversiones financieras es de terceros: ahorristas, inversionistas y acreedores. Al invertir recursos ajenos están dispuestos a arriesgar debido a que si las cosas salen bien y ganan, ellos son los que ganan, y si pierden, entonces son los ahorradores los que pagan las consecuencias. Su actitud imprudente daña intereses de terceros, lo cual justifica una estricta regulación y supervisión de los mercados financieros.

Por consiguiente, lo que posiblemente revela la actual crisis financiera es la deficiente labor de regulación y control del sistema financiero por parte de la Reserva Federal Norteamericana. Cuando esta falla, ocurre lo que ocurre y en última instancia el Estado se ve obligado a acudir en socorro de las empresas financieras temeroso de que su quiebra produzca una restricción generalizada del crédito, una caída del ingreso familiar con una fuerte incidencia negativa en el consumo, la inversión y el crecimiento económico.

Como efecto colateral, se origina un comportamiento aún más osado de las entidades financieras, sabedoras de que papá Estado les “tenderá el salvavidas cuando se estén ahogando”.

Lamentablemente, la mala regulación y la ineludible intervención requieren enormes recursos públicos. La intervención redistribuye los costos de la quiebra de los ahorradores hacia los contribuyentes, a pesar de que la carga para la hacienda pública salva los ahorros de numerosas familias.

De ahí que el Tesoro Norteamericano y la Reserva Federal diseñaron un plan por 700.000 millones de dólares que incluye el rescate de las entidades financieras cuya quiebra está afectando los intereses de numerosos pequeños ahorradores, además incluye la adquisición de acciones de los bancos privados para fortalecer su posición patrimonial y para garantizar la nueva deuda emitida por esas instituciones. Asimismo los gobiernos de la Unión Europea también se han puesto en campaña: España avalará al sistema con 100.000 millones de euros, Gran Bretaña recapitalizará tres bancos con 47.000 millones, Francia garantizará hasta con 320.000 millones los préstamos interbancarios y Alemania aportará un fondo de 480.000 millones. En Latinoamérica el Banco Central Brasileño pondrá a disposición de los bancos 50,000 millones de dólares.

Pero pese a estos grandes esfuerzos, es casi ineludible una crisis económica. Si con las medidas puestas en práctica se logra aliviar los efectos devastadores de la crisis financiera, serán amortiguados los contragolpes sobre la economía general y la segunda fase resultará menos dramática, aunque imposible de evitar. La recesión será la realidad que se vivirá en 2009.

La crisis se seguirá desencadenando y afectará los ingresos de los asalariados, los jubilados y las clases medias, con un aumento significativo del desempleo. Caerá el consumo, se debilitará la demanda de bienes, las empresas (pequeñas, medianas y grandes) o recibirán asistencia para garantizarles abundantes créditos o habrá bancarrotas sucesivas. En términos culturales y políticos el desprestigio del neoliberalismo y el pensamiento único, tan en boga en las últimas dos décadas, ha llegado a su nivel más alto, a consecuencia probablemente de una deficiente regulación financiera.

Por Rodrigo Gutiérrez A